Vecinos del fraccionamiento Andara, en Chetumal, lograron obtener una resolución de amparo a su favor, para que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado les brinde de manera inmediata el servicio de distribución del vital líquido.

La resolución también señala que cualquier persona o empresa que intente bloquear, impedir o amenazar a los trabajadores de la CAPA para que realicen los trabajos que den cumplimiento a esta orden, enfrentarán consecuencias penales.

Miriam Osnaya Sánchez, residente del complejo y promotora de este amparo, señaló que por fin se concluyó cinco años de lucha jurídica para que les brinden el servicio de agua potable por un ente público y no uno privado, como hasta ahora sucedía.

“Porque durante todos estos años, el titular del complejo evitó que tengamos conexión con CAPA para obligarnos a pagar su servicio particular, el cual cobraba cantidades exorbitantes”; declaró.

Señaló que a principios de este año habían logrado una resolución para que la paraestatal los conecte al servicio de distribución público, pero un grupo de personas bloqueó por varias horas la entrada al complejo, así como la avenida Centenario, logrando detener estos trabajos.

Vecinos de Chetumal, logran que CAPA les brinde el servicio tras amparo a su favor / (Foto: SIPSE)

Esta situación llevó a la presentación de una queja formal ante el consejo de la judicatura, por un 80 por ciento de los residentes del fraccionamiento, afirmó ella.

“Esperamos que en los próximos días la CAPA realice los trabajos necesarios para conectar el servicio de agua potable al fraccionamiento. Esta tarea no debería tomar más de un día de trabajo, ya que la obra ya está realizada y solo se necesita la conectividad final”, detalló.

Sin embargo, aún queda pendiente el proceso de municipalización del Fraccionamiento Andara de Chetumal, realizado por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, y que incluye brindar seguridad a la zona por parte del municipio, y no por la empresa privada contratada.

El desarrollador de Andara, Sergio Zapata Vales, afirmó que 262 familias están a favor de que el servicio de seguridad privada continúe brindando protección, por lo que presentaron también un recurso ante un juzgado federal.