Por haberlo promovido de manera extemporánea y dos años después, un Tribunal Colegiado de Yucatán negó a los ambientalistas una inspección judicial para constatar los daños a cuevas y cenotes por las obras del Tren Maya tramo 5 Sur.

Los ambientalistas quejosos en el juicio de amparo indirecto con número de expediente 1003/2022 no contaron con el respaldo del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, ante el cual apelaron una negativa de inspección judicial solicitada en un primer momento ante el Juzgado Primero de Distrito, que resuelve el juicio principal. 

La primera negativa tiene fecha del 15 de febrero, cuando salió publicado el acuerdo. Ante esto promovieron una apelación a través de un recurso de queja. 

Pero los magistrados del citado tribunal colegiado argumentaron que la solicitud fue presentada dos años después de que inició el juicio, por lo que se les negó la posibilidad de tal desahogo de prueba. 

“Su pretensión con la prueba de inspección (...) debieron anunciarla cinco días antes de la audiencia constitucional (...) que se programó inicialmente para el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, mientras que los quejosos ofrecieron la prueba hasta el ocho de febrero de dos mil veinticuatro, esto es, fuera del plazo”, argumentó el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa en el resolutivo 105/2024 de recurso de queja.

Este es el mismo juicio de amparo que tiene el beneficio de una suspensión provisional contras las obras, la cual se ha negado acatar el gobierno federal. 

Los ambientalistas habían centrado sus esperanzas en esa inspección judicial para que en campo el Poder Judicial de la Federación, pudiera verificar los daños a las cuevas.

La negativa fue por votación unánime de los tres magistrados del citado tribunal; sin embargo, René Rubio Escobar, uno de los magistrados, alegó que se les debió de advertir a los ambientalistas la posibilidad de solicitar la inspección judicial conforme al plazo cuando aún estaban a tiempo.