Obligados por una sentencia de amparo, diputados del Congreso del Estado de Quintana Roo establecieron una pena de hasta 12 años de prisión contra las personas que realicen actividades de promoción y comercialización de inmuebles sin permisos en materia de desarrollo urbano. 

Los legisladores acataron la sentencia de amparo indirecto que ganó la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas),  cuyo efecto principal fue obligar a los legisladores a iniciar un proceso legislativo con el fin de dotar de sanción al delito establecido en el artículo 269 fracción VII, del Código Penal del Estado de Quintana Roo. 

Al acatar la sentencia de amparo dictada en diciembre de 2024 por el Juzgado Noveno de Distrito, L

Establecen hasta 12 años de pena por publicitar inmuebles sin permisos en Playa

Tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, desde el pasado miércoles 26 cobró vigencia la reforma de este delito contra el desarrollo urbano que establece una pena de cuatro a doce años de prisión contras las personas que: “a sabiendas carece de todos los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para construir y comercializar un bien inmueble, ordene cualquier tipo de publicidad, que tenga por efecto realizar una promesa de compraventa, de lotes, departamentos, o casas en un fraccionamiento no autorizado”. 

El amparo promovido por DMAS nació de una denuncia penal que interpuso contra agentes inmobiliarios que promocionan el condominio Adamar Soliman, en Tulum, el cual, pese  a carecer de permisos de los tres niveles de gobierno en materia de desarrollo urbano y ambiental, era promocionado para la comercialización de futuros departamentos. 

Las abogadas de DMAS detectaron la omisión legislativa al presentar la denuncia por un delito que carece de sanción penal. Ante ello acudieron al amparo, el cual finalmente ganaron. 

Hugo Alday Nieto, diputado local, recordó durante la dictaminación, que hubo una omisión legislativa referente a un delito tan común en Quintana Roo. 

Con esto se prevé obligar a desarrolladores y agentes inmobiliarios, a comercializar inmuebles con todos los permisos en regla que otorgan las diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno.