La Laguna de los Siete Colores en Bacalar es un tesoro natural que representa el orgullo de Quintana Roo y el corazón del turismo sostenible en la región. Sin embargo, esta joya ecológica enfrenta una nueva amenaza con la construcción de un hotel exclusivo para altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

 La obra ha desatado una ola de indignación entre habitantes, empresarios, ambientalistas y prestadores de servicios turísticos, quienes ven en este proyecto un atentado contra la imagen del Fuerte de Bacalar y la frágil ecología de la laguna.

 Más allá del evidente impacto ambiental que una construcción de esta magnitud podría tener sobre el ecosistema, preocupa la opacidad con la que las autoridades han manejado el proyecto.

 Hasta ahora, la Sedena no ha mostrado públicamente los permisos necesarios ni estudios de impacto ambiental que avalen la viabilidad de la obra. Y lo que es aún más alarmante, el presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, quien tiene la facultad de expedir permisos de construcción en el municipio, guarda un conveniente silencio al respecto.

 La indiferencia de Contreras Méndez no sorprende. Su administración ha sido objeto de constantes señalamientos por presuntas irregularidades, y hoy en día enfrenta denuncias penales por delitos graves contra la mujer.

 Su falta de acción en un tema tan delicado no hace más que aumentar el rechazo de los bacalarenses, quienes ya ven con desconfianza su gestión. ¿Será que no quiere enemistarse con la federación? ¿O acaso prefiere no dar explicaciones para evitar que se destapen otras irregularidades de su gobierno?

 Mientras tanto, los ciudadanos no han permanecido de brazos cruzados. Con la consigna #NoDelanteDelFuerte, habitantes y activistas han organizado un plantón de 10 días frente a la obra, en un esfuerzo por frenar los trabajos y exigir transparencia. También han recurrido a la recolección de firmas en plataformas digitales, han presentado denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y, en redes sociales, han exigido respuestas al gobierno federal.

 A pesar de la oposición popular, la Sedena sigue adelante con su proyecto, con la única concesión de reducir la altura de la construcción a un solo piso. Pero esta no es la solución que Bacalar necesita. No se trata solo de la altura del edificio, sino del principio fundamental de que la laguna no debe ser privatizada ni explotada sin los debidos estudios de impacto y sin consultar a su comunidad.

El caso del hotel militar en Bacalar es un ejemplo más de cómo en México, la planeación urbana y ambiental a menudo cede ante los intereses políticos y militares.

 Es sólo otra prueba del desprecio con el que los gobiernos morenistas, tanto del federal como del municipal, que en realidad es neomorenista, manejan los recursos naturales y la nula rendición de cuentas por parte de quienes deberían protegerlos.

 Bacalar merece algo mejor. Merece un desarrollo sustentable, no imposiciones disfrazadas de progreso. La lucha de sus habitantes es una llamada de atención para todos aquellos que creen que pueden seguir tomando decisiones sin rendir cuentas. La laguna no es un cuartel ni un privilegio para unos cuantos; es patrimonio de todos los quintanarroenses y de las futuras generaciones.

 Y la pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo seguirán imponiéndose este tipo de proyectos a espaldas de la ciudadanía? [email protected]