DMAS inconforme con la Profepa tras amparo a Bahía Solimán
Profepa abrió la posibilidad de que el desarrollador presente una solicitud de permiso tras pagar la sanción económica.
La asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) quedó inconforme con un sobreseimiento de amparo contra una omisión de autoridad que permite la construcción de un desarrollo inmobiliario en Bahía Solimán, Tulum, debido a que se permitirá su regularización.
Antonella Vazquez Cavedon, fundadora de Dmas, dijo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) abrió la posibilidad de que el desarrollador presente una solicitud de permiso tras pagar la sanción económica, en vez de una clausura permanente.
La abogada de Dmas lamentó el rumbo legal que está tomando el caso pues salió a relucir la famosa frase que ambientalistas utilizan contra desarrolladores inmobiliarios y hoteleros que inician trabajos sin permisos en Quintana Roo: “más vale pedir perdón que pedir permiso”.
“Desafortunamente añade (la Profepa) que si quieren mantener las construcciones pues tienen 10 días para presentar una solicitud de impacto ambiental, lo cual es totalmente en contra de la naturaleza de ese procedimiento. No se puede hacer aposteriori, se ha negado autorizaciones cuando se hace después porque ya incumpliste”, explicó Vazquez Cavedon.
En noviembre de 2023, una sociedad mercantil de nombre Tulum Dieciséis inició la construcción de un edificio de siete niveles sin permisos de impacto ambiental, a un lado de una zona de anidación de la tortuga marina, a unos cinco kilómetros del Área Natural Protegida (ANP) Santuario de la Tortuga Marina Xcacel Xcacelito.
Los habitantes del lugar se inconformaron y solicitaron apoyo de Dmas. La organización presentó un juicio de amparo tras la nulidad de actuación por una denuncia popular interpuesta ante la Profepa.
El Juzgado Octavo de Distrito otorgó medidas cautelares a Dmas que obligaron a la Profepa a actuar y sancionar; tras la interposición de sanciones contra el particular, el juez federal determinó sobreseer el juicio de garantías porque ya no existía el acto de autoridad que resolver.
Antonella Vázquez adelantó que interpondrán recursos legales para detener la obra por otras vías y salvaguardar el ecosistema de la zona.
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