La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es letra muerta en Quintana Roo. Lejos de garantizar la protección de las mujeres y su derecho a una vida sin violencia, el acceso a la justicia sigue siendo un camino tortuoso, lleno de impunidad, indiferencia y simulación.

En el estado de Quintana Roo, esta ley debería ser una herramienta fundamental para garantizar la protección de las mujeres y su derecho a una vida sin violencia. Sin embargo, lamentablemente, esta legislación parece ser solo un conjunto de palabras vacías, pues el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género es uno de los mayores desafíos que enfrenta el estado, donde aún predomina el patriarcado arcaico.

La realidad en Quintana Roo es que las denuncias por violencia contra la mujer rara vez llegan a una resolución. A pesar de contar con juezas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), ellas no son verdaderamente autónomas en su actuar, pues se encuentran subordinadas a directrices impuestas por hombres que operan desde las sombras, simulando equidad de género mientras perpetúan un modelo de justicia excluyente e ineficaz.

A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) está en teoría encargado de impartir justicia en estos casos, la situación es alarmante: miles de denuncias permanecen sin atender, guardadas en un cajón olvidado en los pasillos del poder judicial.

Las estadísticas que podrían arrojar cifras exactas sobre la magnitud de este problema son escasas, pero se estima que hay miles de casos que nunca reciben una respuesta. La falta de transparencia y la opacidad del TSJE dificultan aún más la posibilidad de conocer la verdadera extensión del problema.

Lo más preocupante es que este desinterés por proporcionar justicia se da a pesar de que el gobierno estatal se presenta como un "gobierno con corazón feminista", pero el Poder Judicial del estado ignora esa fundamental premisa.

Las mujeres que sufren violencia en Quintana Roo son las que enfrentan a diario una administración pública y un sistema judicial que, más que protegerlas, las abandona.

La impunidad y la corrupción siguen siendo la regla en este organismo, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia parece ser solo un formalismo, incapaz de transformar la realidad de las mujeres en el estado.

El Poder Judicial de Quintana Roo se presenta como uno de los sectores más opacos de la administración pública, con escasa rendición de cuentas y un funcionamiento que parece desconectado de las necesidades y demandas de la sociedad. Esto solo agrava la vulnerabilidad de las mujeres que buscan justicia y protección ante un sistema que las ignora.

El compromiso del gobierno estatal con la justicia para las mujeres parece ser un discurso vacío, cuando en la práctica, las víctimas de violencia de género son dejadas a su suerte, sin el respaldo de un sistema judicial que les brinde respuestas rápidas y efectivas.

A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil y de las organizaciones feministas por visibilizar la problemática, la falta de acceso a la justicia sigue siendo uno de los principales obstáculos para erradicar la violencia de género en Quintana Roo.

La impunidad y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas en el TSJE han convertido a Quintana Roo en un territorio hostil para las mujeres que buscan protección y justicia.

Es urgente que el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y el gobierno estatal tomen medidas concretas para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que se haga un esfuerzo por transparentar el funcionamiento del TSJE.

¿Dejará de ser la justicia para las mujeres una promesa incumplida más?