El día de ayer inició, como se esperaba, el paro de labores en los Juzgados y Tribunales Federales. Los trabajadores e impartidores de justicia del Poder Judicial Federal protestan en contra de la reforma que el Ejecutivo planea sacar adelante muy próximamente. Ya en varias columnas hemos tratado el tema, y se ha discutido ampliamente porqué no es conveniente que los juzgadores sean elegidos por votación popular, y porqué el problema del sistema judicial mexicano va más allá de que el método para integrar los juzgados o tribunales “no refleje la voluntad popular”, como en el caso de legisladores o Presidente de la República.

Quizás ahora que están en huelga se empiece a notar el impacto que las actuaciones judiciales tienen en las personas. Hay gobernados que, gracias al actuar irregular de determinadas autoridades, no podrán ver sus derechos defendidos de forma pronta y expedita como ocurre en el amparo indirecto, figura que abordan los jueces de distrito y con la que se protegen los derechos humanos de quien así lo solicita.

Los que protestan aducen, entre otras cosas, que sus sugerencias y propuestas no fueron tomadas en cuenta a la hora de elaborar el dictamen final de la reforma; no les falta razón, pues en realidad sólo se matizaron algunos elementos que pretenden “suavizar” la transición entre los juzgadores actuales, y aquellos que serán puestos mediante el nuevo proceso de elección que deberá empezar en 2025.

Nadie puede culpar a los manifestantes, pues están en entredicho, además, sus prestaciones laborales y su estabilidad dentro del Poder Judicial de la Federación. ¿Tenemos los recursos para enfrentar no sólo un proceso complicado y enorme de elección, sino los procesos de terminación de relaciones laborales o indemnizaciones? Sin lugar a duda serán escenarios de mucha carga para el erario y el uso de los impuestos de los mexicanos.

Sin duda hay muchas cosas que deben cambiar en el país, pero elegir a quienes imparten justicia por voto directo muy probablemente no sea una de ellas. Los juzgadores deben elegirse de entre personas preparadas (tampoco necesariamente de carrera judicial) y con capacidades probadas y evaluadas, y no mediante un concurso de popularidad entre personas que, disculpe usted, a veces no conocen ni a sus diputados locales o federales, por quienes -por cierto- votaron apenas el dos de junio pasado.

Cuesta creer que el mexicano que vota por colores, antes que por personas, pueda discernir entre decenas de sujetos que compiten por una judicatura. Además, ¿cuáles serán las propuestas?, ¿resolver amparos en un sentido u otro?, ¿no decretar tantos embargos en juicios ejecutivos? Cuesta vislumbrar que un candidato a juez prometa hacer cosas que se salgan de la Ley o que impacten negativamente en la esfera jurídica de las personas. Pero bueno, ¿qué sabrá uno?